Las empresas se exponen a sanciones de más de 10.000 millones de euros por demorar pagos.

De la mano de Europa va a llegar un nuevo freno a la morosidad en las relaciones comerciales. La Comisión Europea quiere que las empresas no se demoren más de 30 días en pagar a sus proveedores. Ahora el plazo máximo es 60 días.

Así, las empresas españolas se van a ver obligadas el año que viene a abordar un cambio radical en su cultura de pagos a proveedores si no quieren exponerse a sanciones que, en conjunto, superarían los 10.000 millones de euros. La causa está en el reglamento comunitario que limitará la práctica de demorar los pagos, al fijar un periodo máximo de 30 días para responder a sus facturas y establecer sanciones.

La norma, promovida por la Comisión Europea, se someterá a votación el próximo 22 de abril en el Parlamento Europeo, con las siguientes particularidades:

• Entrará automáticamente en vigor.
• Fija un plazo máximo de pago de 30 días.
• Establece unos intereses de demora de 8 puntos más el precio del dinero, esto es, del 12,5%.
• Su aplicación es obligatoria y automática, sin necesidad de que lo reclame el proveedor ni posibilidad de quedar modificada.
• No requiere de una transposición al ordenamiento jurídico español, como sí ocurre con las directivas.

Objetivo de la Unión Europea: atajar la morosidad 

• La morosidad obstaculiza la competitividad y aumenta la incertidumbre, y en el caso de la contratación pública, reduce la participación de los pequeños negocios.

• Las empresas que se ven afectadas aumentan las necesidades de capital circulante, incrementan los costes debido al tiempo invertido en requerir a los deudores y aumentan los costes de financiación.

• España lleva años esperando un régimen sancionador para la morosidad que nunca ha llegado, y ahora habrá que ver cómo hay que aplicarlo vía orden directa de la Unión Europea.

La morosidad es sin duda uno de los mayores problemas de los negocios de autónomos y pequeñas sociedades. Una de cada cuatro empresas que cierran lo hacen por impagos, lo que ocurre especialmente en países del sur de Europa. Ahora la Unión Europea ha dicho basta.